Noticias

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado a la Comisión Europea que sea mucho más ambiciosa y garantista a la hora de regular las obligaciones de accesibilidad de los entornos y canales digitales, yendo más allá de los pertenecientes al sector público, como hasta ahora.

La transformación digital a que está abocada la sociedad no puede ser realidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada si persisten déficits generalizados de accesibilidad en los entornos digitales, ya sean públicos o privados; la transición tecnológica será imposible para ciertos grupos sociales si la digitalización no es inclusiva.

Así lo ha puesto de manifiesto el CERMI es su respuesta a la consulta pública de la Comisión Europea para la revisión de la Directiva (UE) 2016/2102 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, abierta hasta el 25 de octubre próximo.

En sus aportaciones al cuestionario de la Comisión, el CERMI propone que se modifique la Directiva para que los deberes de accesibilidad de los entornos digitales comprendan no solo el sector público, sino también los que son de titularidad privada como los de las empresas, los medios de comunicación, las redes sociales, los que sirven para el comercio electrónico, etc.

La distinción entre lo público y lo privado para establecer condiciones de accesibilidad está superada desde hace mucho, ya que al ser el acceso una cuestión de derechos humanos, el carácter del titular no es determinante, sino la inclusión o exclusión que suponga para el potencial usuario.

Además, el CERMI ha exigido a la Comisión Europea que la nueva legislación incremente la intensidad y la calidad de las condiciones de accesibilidad exigibles, incluyendo como requerimiento la accesibilidad a los contenidos audiovisuales mediante el subtitulado, la Lengua de Signos, la audiosdecripción y todos los elementos necesarios para asegurar la accesibilidad cognitiva.