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La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha instado a los grupos parlamentarios del Senado, donde se está tramitando el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo), a subsanar algunos aspectos recogidos en el texto inicial para que la perspectiva de género y discapacidad sea tenida en cuenta y combatir así la discriminación interseccional, que se deriva de la acumulación de las diferentes situaciones de exclusión.

De esta manera, la entidad pone de manifiesto que, si bien las mujeres víctimas de violencia de género son un colectivo especialmente vulnerable en situaciones de aislamiento domiciliario, por verse forzadas a convivir con su agresor, cuando “además concurren en la mujer otras categorías de exclusión, como la edad, la discapacidad o la institucionalización, su vulnerabilidad se agrava de forma exponencial”.

Y es que, las diferentes medidas y decretos adoptados a raíz de la declaración del estado de alarma para responder al impacto económico y social de la COVID-19 han provocado una huella en colectivos de personas especialmente vulnerables.

En este sentido, la Fundación CERMI Mujeres reclama que las medidas que contempla el proyecto de ley dirigidas a la protección y asistencia de las víctimas de violencia de género, cuenten también con un enfoque de inclusión y accesibilidad, por ejemplo, en la prestación de servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas, que se hace de manera telefónica y en línea. También en los alojamientos turísticos que se contemplen para garantizar la acogida de la víctima y de sus hijos e hijas o en los protocolos de asistencia, atención y acogida para las mujeres con discapacidad.

Por otra parte, también hace alusión a que las administraciones competentes “deberán supervisar” los medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género para asegurar su uso y disponibilidad para las mujeres con discapacidad. En este sentido, recalcan que es necesario “aplicar las medidas de accesibilidad pertinentes para asegurar que puedan ser utilizados por estas mujeres”.

En relación a las campañas institucionales para prevenir la violencia de género durante el estado de alarma, CERMI Mujeres insta a las administraciones públicas competentes a garantizar que estas campañas cumplan con los requerimientos de accesibilidad universal.

Además, solicita que se “otorgue prioridad” a los programas destinados a atender a mujeres víctimas de violencia de género atravesadas por otras situaciones que generan opresión y discriminación, como la etnia, la discapacidad, la edad, el origen, la raza o la situación socioeconómica.

Por último, recalama que se incluya una disposición adicional única para que la opinión de las mujeres, y especialmente las mujeres con discapacidad, sea tenida en cuenta a la hora de elaborar, aplicar y evaluar las estrategias, actuaciones y medidas que se deriven de esta ley, puesto que son ellas “las que encuentran más barreras para acceder a los recursos recogidos en esta ley y, por tanto, con mayor riesgo de ser sometidas a una revictimización”.