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Para ello, sus representantes legales -o quienes les asistan legalmente- podrán solicitar dicha ayuda en su favor, según un nuevo oficio dictado por el director General de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, en respuesta a una petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

De acuerdo con la redacción actual del decreto-ley que regula el IMV pueden ser titulares de esta ayuda los mayores de 23 años y menores de 65 con plena capacidad de obrar que lo soliciten, en nombre propio o de su unidad de convivencia. También pueden hacerlo los mayores de 18 años con hijos a cargo y aquellas personas que comparten el domicilio con otras sin haber constituido una unidad familiar, siempre y cuando acrediten capacidad de obrar plena.

De este modo, los mayores de edad con algún tipo de incapacitación judicial que vivan solos o que convivan con un cuidador que no sea familiar suyo en primer o segundo grado "quedan excluidos de facto" de esta ayuda, aunque cumplan los requisitos económicos.

Por este motivo, el presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, envió una carta al director General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se pedía "una interpretación del actual artículo 5 de este decreto".

Reclamaba permitir que estas personas puedan ser titulares del IMV si lo solicitan a través de sus representantes legales, por lo menos durante los meses que transcurran hasta la modificación definitiva del Decreto-Ley tras su paso por el Parlamento.

En su respuesta al Cermi, Suárez reconoció que "en sus términos vigentes, el texto supone una discriminación" para las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, al quedar "excluidas de la prestación por un formalismo innecesario".

Suárez se mostró conforme con la iniciativa y admitió la necesidad de establecer un criterio general aclaratorio, dada "la gran casuística y las dificultades prácticas" que se están encontrando a la hora de solicitar la ayuda.

En su escrito, Suárez admitió que "una de las cuestiones a resolver de forma inmediata y sin demora es la condición de titular y beneficiario del IMV de los mayores de edad sometidos a tutela o curatela que viven de forma independiente, con la asistencia o no de un cuidador".

Por ello, estableció que los representantes legales de estas personas podrán solicitar dicha ayuda en su nombre, a fin de "evitar la desatención" de dicho colectivo y corregir una "discriminación injustificable".