El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Ministerio de Cultura y Deporte una regulación exigente de la accesibilidad en el ámbito cinematográfico y audiovisual, un sector en el que las disposiciones normativas actuales son escasas y laxas, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente, sensorial.
Las entidades del Tercer Sector -como Cruz Roja, Cáritas, Plataforma de Infancia o Cermi- han pedido a todas las empresas que marquen la casilla solidaria en el impuesto de sociedades porque ese gesto, sin coste para ellas, tiene un importante impacto en la atención de las personas vulnerables.
Las consecuencias en la salud mental de la COVID-19 están siendo dramáticas, pero al mismo tiempo han despertado una corriente de solidaridad entre buena parte de la población. Así lo ha constatado la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME), que ha visto casi duplicar las solicitudes para colaborar con la entidad. Desde la ONG se ha respondido a este aumento del interés con la creación del programa VoluntariaMENTE, que supone un cambio en el modelo de voluntariado.
El Gobierno asegura que la futura Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos se redactará desde una perspectiva de los derechos humanos e “interseccional”, situando como elemento central a las víctimas, con especial atención a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad .
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha instado a los Estados miembro a situar la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad como “una cuestión urgente” de la agenda global de las mujeres y a abordar este asunto “de forma prioritaria” en sus políticas y medidas de igualdad de género y derechos de la mujer, al amparo de lo que dicta el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Comité CEDAW).
Concepción Sáiz de Otero,10
