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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado su informe 'Derechos Humanos y Discapacidad. Informe España 2017', en el que denuncia que los derechos humanos de las personas con discapacidad sigue siendo "una realidad precaria y deficitaria en España, con graves carencias y anomalías que nos alejan como país de unos estándares aceptables". Igualmente, lamentan la constatación, un año más, de "la situación de vulneración sistemática y estructural en esferas críticas para la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad como los derechos políticos, la autonomía económica, la educación, la ausencia de accesibilidad universal, el nivel de protección social adecuado o los recursos para la vida independiente, ente otras".

Entre las vulneraciones detectadas, el CERMI destaca en su informe que las mujeres y niñas con discapacidad están sistemáticamente en peor situación que los varones con discapacidad, destacando negativamente la situación de las víctimas de violencia de género con discapacidad; la falta de incidencia de la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad en las legislaciones autonómicas; o la desatención por parte de España de recomendaciones del Comité de la ONU.

CONCLUSIONES DEL INFORME

Entre las conclusiones, a modo de recomendación, del Informe del CERMI se pueden destacar las siguientes:

• La constatación de que el enfoque de los derechos que defiende la Convención sigue sin aterrizar en las leyes y políticas públicas de España.

• La accesibilidad universal es una de las esferas más críticas de 2017. De hecho, la mayor parte de denuncias están referidas a este principio básico, que incluso el propio Estado incumple.

• La admisión y ejercicio de la segregación educativa, que significa no admitir y no respetar los derechos de las personas con discapacidad y vulnerar la Ley. La educación debe ser inclusiva.

• La crisis económica vivida en España provocó que los poderes públicos se retrajeran de su deber de proteger y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad, "una cuestión que queda patente en todo lo relativo a la protección social y la autonomía personal".

• Mientras el impacto de la Convención sobre la legislación estatal ha sido objeto de relevantes estudios doctrinales, la incidencia en la legislación autonómica es una cuestión que ha pasado generalmente desapercibida.

• Respecto a las mujeres y niñas con discapacidad, el informe vuelve a constatar que están sistemáticamente en peor situación que los varones con discapacidad y, por tanto, peor que los hombres y mujeres sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, un 20% del total, no tienen recursos adecuados que den respuesta a sus necesidades, como casas de acogida accesibles o profesionales que conozcan su realidad.

• En términos generales, España ha desatendido las recomendaciones del Comité. Se pueden destacar algunos puntos y cuestiones que son necesarias para lograr la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad, como esterilización, internamiento involuntario, educación segregada o privación del derecho de sufragio a las persona con discapacidad.

No obstante, el CERMI también saluda los avances conseguidos, como la reforma que permite a las personas con discapacidad formar parte del jurado popular; que puedan casarse sin necesidad de un certificado médico; que haya dos sentencias determinantes en el derecho a la educación inclusiva; y que los años de reivindicación del ejercicio al derecho al voto empiecen a dar sus frutos, con la toma en consideración de la LOREG.

EL CERMI Y LA CONVENCIÓN

El CERMI fue designado en 2011 por España como mecanismo independiente y de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España.

El cometido del CERMI con la Convención se materializa en la elaboración de los Informes España Derechos Humanos y Discapacidad, documentos que describen y documentan la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España y dan cuenta del grado de cumplimiento de este Tratado en nuestro país.

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