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La iniciativa fue promovida por el Partido Socialista de la Asamblea de Madrid a propuesta del CERMI.

Unas 100.000 personas con discapacidad carecen en España del derecho al voto por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a los Grupos políticos del Congreso de los Diputados el apoyo unánime de la Cámara a la Proposición de Ley de reforma de la Ley del Régimen Electoral General elevada por la Asamblea de Madrid, cuyo debate de toma en consideración se producirá el próximo martes, 7 de noviembre.

La iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista madrileño a sugerencia del CERMI, y aprobada en el parlamento regional con el respaldo de todos los grupos políticos, llega al Congreso, que tendrá que decidir la semana que viene si la toma en consideración y en ese caso, continuará su trámite en el parlamento nacional.

La Proposición de Ley pretende modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para eliminar la posibilidad de que los jueces en los procedimientos de incapacitación legal puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad, lo cual es una violación palmaria de los derechos humanos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es parte.

Según datos de la Oficina del Censo Electoral, casi 100.000 personas con discapacidad están privadas en nuestro país del derecho político fundamental a ejercer el sufragio, situación inadmisible sobre la que Naciones Unidas advirtió a España en 2011, cominándola a modificar con urgencia su legislación electoral para adecuarla al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad. A tenor de esta Convención, ninguna persona con discapacidad en ningún caso puede ser despojada de su derecho al voto.

El CERMI espera que todos los grupos parlamentarios del Congreso asuman esta Proposición de Ley que plantea la Asamblea de Madrid, asignando su tramitación a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara baja, y comience así el camino legislativo que culmine en pocos meses en la subsanación de este grave déficit democrático que padece nuestro sistema electoral.

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