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El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Congreso y pendiente de culminar su tramitación en el Senado, regula por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico los centros especiales de empleo de iniciativa social, atendiendo así una demanda sostenida del sector de la discapacidad representado por el CERMI y FEACEM.

El Proyecto de Ley modifica el texto de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, e introduce en el artículo 43 del mismo una definición legal del centro especial de empleo de iniciativa social, tipología hasta ahora inexistente.

Según el cambio legal operado, "tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º de este artículo son promovidos y participados en más de un 50 %, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social"

Asimismo son considerados centros de iniciativa social "también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en el propio centro especial de empleo o en otros centros especiales de empleo de iniciativa social".

Con la creación de esta tipología de centros, que quedan nítidamente diferenciados así de los de titularidad puramente privada, se refuerza la iniciativa social en el ámbito del empleo protegido de personas con discapacidad, como venían reclamando CERMI y FEACEM.

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