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Hace más de dos meses que empezó el nuevo año y Aragón todavía no tiene presupuestos. Las ultimas novedades señalan que Podemos ya está dispuesto a negociar a cambio de dos condiciones: que el consejero Fernando Gimeno no participe y que el Ejecutivo priorice las inversiones en infraestructura educativa. Este ir y venir de pretensiones está empezando a generar cierta incertidumbre en algunos colectivos, entre ellos, el de la discapacidad. "Estamos preocupados porque todavía no se haya llegado a un acuerdo y mientras tanto las subvenciones y las leyes, aprobadas el pasado año, están paralizadas", asegura Marta Valencia, presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Aragón).

Una de sus mayores preocupaciones es la Ley de acción concertada, que se aprobó el 15 de diciembre de 2016. "Con esta legislación se establece que el Gobierno de Aragón puede concertar los servicios sociales y sanitarios destinados a personas directamente (y sin necesidad de un concurso) con entidades sin ánimo de lucro", explica. Esta normativa, en la que la comunidad aragonesa es pionera, "sirve para que las asociaciones, que no tenemos beneficio industrial, no tengamos que concurrir en las mismas condiciones que las empresas". "Al no haber una dotación presupuestaria, puesto que la legislación es nueva, está totalmente paralizado", lamenta Valencia.

Una situación similar se vive en las asociaciones en las que se llevan a cabo determinados talleres de autonomía personal destinados a personas con algún tipo de discapacidad. "En este momento se desconoce cuál va a ser la cuantía que este año irá destinada a subvencionar los proyectos o programas que llevamos a cabo", afirma Valencia. Por ello, reconoce que algunas asociaciones (especialmente las más pequeñas, las que pertenecen al medio rural o las dirigidas a patologías minoritarias) han tenido que dejar en el aire sus propuestas "a la espera de conocer qué pasará en los presupuestos autonómicos".

No hay que olvidar que estos programas se ponen en marcha gracias al esfuerzo de las asociaciones y cuentan con un número importante de empleados "a los que hay que pagar cada mes". "La gran mayoría vamos afrontando estos pagos con otros ingresos o pidiendo préstamos, cuyos intereses después no se pueden justificar y suponen un gasto importante", asegura Valencia. Por ello, considera que con esta situación se ven afectados tanto las personas con discapacidad como los empleados de estos talleres.

Para esta cuestión tanto en 2016 como en 2015 se presupuestaron un total de 1,7 millones de euros. Estas ayudas, según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), van dirigidas a la atención integral de personas con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial; a la promoción de la autonomía personal, fomento de las habilidades sociales y ocio participativo; a la creación de unidades de vida independencia y a la prevención y protección de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género.

Otra área afectada por la prórroga presupuestaria es la de las políticas activas de empleo "dirigidas a la contratación de personas con discapacidad". Por ejemplo, el pasado año, el departamento de Economía, Industria y Empleo, a través del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), dio 404.000 euros para ayudas a 17 Centros Especiales de Trabajo. De esta manera, se pudieron crear 38 nuevos puestos de trabajo. En la actualidad, la comunidad cuenta con 73 centros en funcionamiento, que ocupan a más de 2.000 personas con discapacidad. "Esta situación nos preocupa, ya que dicen que no nos va a afectar, pero no sabemos cómo se gestionarán estas cuestiones", especifica Valencia.

Además, recalca que la falta de presupuestos deja en el aire el nuevo plan de salud mental, que se está negociando en estos momentos. De este modo, al no haber unos fondos consignados, no se podrá contratar personal ni recursos.

Hasta 18 millones en el aire

No es de extrañar esta preocupación, ya que tal y como adelanto HERALDO DE ARAGÓN, la prórroga de presupuestos dejaría en el aire más de 100 millones de euros, 18 de ellos del área de servicios sociales. El efecto directo se traslada a la imposibilidad de aumentar las prestaciones de la dependencia o de mejorar la financiación de los servicios sociales comarcales y del Ayuntamiento de Zaragoza. También afecta a las personas con discapacidad y el propio Ejecutivo alertó en su momento de que podría volver a haber lista de espera, al verse comprometidos los programas de apoyo.

"Se había conseguido que no hubiera lista de espera en dependencia, es decir, que nadie estuviera pendiente de la realización del PIA (Plan Individual de Atención). Además, se habían agilizado las valoraciones. No obstante, esta situación puede cambiar en cualquier momento si se sigue sin presupuestos", recalca Valencia. Asimismo, detalla que desde que comenzó el año no se han creado nuevas plazas para dependientes y se desconoce si se pondrán en marcha en los próximos meses. "Todo se paraliza", lamenta.

Entre los afectados también se encuentra la anunciada renta básica, que acumula un importante retraso en su tramitación en las Cortes. "Entre el retraso que llevamos, ya que se dio el visto bueno hace más de un año, y la falta de presupuestos, como pronto, se podría poner en marcha después del verano", explica Gustavo García, miembro del Observatorio para la Dependencia en Aragón. No hay que olvidar que una vez que se apruebe habrá un periodo de transición de seis meses para pasar del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) a la renta básica. "Todo esto, cuando este año ha vuelto a aumentar el número de demandantes de este servicio, provocando que hubiera que aprobar una partida adicional de 10 millones más", recuerda.

Fuente: Heraldo de Aragón

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