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La Gobernanza, el "buen gobierno" de las instituciones públicas se fundamenta en buena parte en su interacción con la ciudadanía y las entidades ciudadanas de las que forman parte. Requiere la participación ineludible de las organizaciones civiles que de una parte colaboran en el desarrollo de proyectos de interés general y de otra canalizan las demandas de los ciudadanos para ponerlas en conocimientos de los dirigentes públicos que son sus legítimos representantes.

Las entidades de la discapacidad conocemos bien esta fórmula porque buena parte de los servicios que prestamos a las personas que atendemos están integrados en el sistema público de protección y al mismo tiempo somos vehículo de sus reclamaciones y necesidades.

El trabajo que desarrollamos, complementario al que se lleva a cabo desde la Administración, resulta imprescindible ya que desde lo público no se puede abarcar toda la atención e intervención necesaria para estos colectivos de personas. Las necesidades ciudadanas continúan día a día, y es necesario dar respuesta de manera ininterrumpida.

De ahí la importancia de la aprobación de un presupuesto para llevar a cabo todo este conjunto de acciones. El presupuesto anual es una necesidad ineludible para permitir que el "buen gobierno" de la comunidad sea una realidad.

Es verdad que el Gobierno de Aragón es el responsable último de sacar adelante los Presupuestos de la C.A. Debe hacer el máximo esfuerzo para que de una u otra manera al final los presupuestos queden aprobados. Pero no es menos cierto que los grupos parlamentarios, los diputados/as de las Cortes de Aragón son también responsables de que los Presupuestos sean aprobados. De hecho son sus señorías quienes los aprueban.

Las entidades de la discapacidad no podemos entender la situación a la que se ha llegado con la tramitación de los presupuestos del año 2017. Las organizaciones políticas que permitieron la constitución del actual Gobierno Aragonés no deberían poner en riesgo la gobernabilidad estable de la C.A.

Mantener los presupuestos prorrogados indefinidamente pondría en peligro gravemente la continuidad de proyectos, muchos de ellos ya puestos en marcha, lo que pondrá en serio riesgo la sostenibilidad de numerosas entidades con las consiguientes consecuencias de orden laboral. Y lo que es peor, dejará sin atención a muchos ciudadanos/as (no solamente a las personas con discapacidad).

Mantener la crítica a los presupuestos sin renunciar a las posiciones políticas es legítimo pero sería conveniente encontrar una manera que permita la aprobación de los mismos por el interés general y por los perjuicios que supone la prórroga para los ciudadanos/as. Siempre es mejor tener presupuesto que no tenerlo.

Recientemente el conjunto de la discapacidad aragonesa llegó a un acuerdo con el Gobierno de Aragón para sacar adelante una serie de propuestas en beneficio del colectivo. La actual situación de bloqueo pone en riesgo estos acuerdos que van desde la aprobación de una Ley de Derechos de las personas con discapacidad en Aragón, la modificación de las normas de accesibilidad, el acceso al empleo y a la función pública, la educación inclusiva, pasando por el espacio sociosanitario, el incremento de las prestaciones y servicios específicos, la salud mental o la atención de la mujer con discapacidad, hasta la puesta en marcha de la novedosa Ley de Acción Concertada.

Desde el movimiento asociativo de la discapacidad siempre hemos defendido la importancia de la negociación. Por ello apelamos al buen sentido de partidos políticos y Gobierno para que actúen de manera responsable con los aragoneses/as y faciliten la aprobación de los presupuestos que como mínimo den continuidad a las acciones que vienen desarrollando las entidades.

La aprobación de dichos presupuestos garantiza una mínima estabilidad frente a una situación económica de incertidumbre en la que, como siempre las personas más vulnerables acabarán siendo, con toda probabilidad, las más afectadas y que pondría en peligro o directamente acabaría con gran parte del tejido social que les da atención directa.

En definitiva apelamos a su responsabilidad para que reflexionen sobre lo que es más conveniente para la ciudadanía que permita llegar a los acuerdos necesarios que faciliten la aprobación de los presupuestos del año 2017.

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